Más de cien organizaciones no gubernamentales (ONG) que representan a la diáspora venezolana en el mundo han lanzado en los últimos días una exigencia contundente al Consejo Nacional Electoral (CNE) y demás autoridades venezolanas: la apertura inmediata y sin trabas del Registro Electoral para permitir el voto de millones de connacionales residentes en el exterior. Esta movilización, que tomó fuerza el pasado 4 de septiembre con comunicados conjuntos y campañas en redes, pone de nuevo sobre la mesa la imperiosa necesidad de garantizar los derechos políticos de la población migrante, una preocupación que afecta directamente a cada familia venezolana en España y el resto del mundo que sueña con participar en el futuro de su país.
La iniciativa, surgida de la profunda frustración acumulada por la imposibilidad de muchos venezolanos de ejercer su derecho al voto en procesos electorales anteriores, no es un reclamo aislado. Detrás de estas cien voces unidas hay millones de historias de quienes se vieron forzados a emigrar y, a pesar de la distancia, mantienen un vínculo inquebrantable con Venezuela. Para un venezolano en Madrid, Buenos Aires o Miami, la posibilidad de votar no es solo un acto cívico; es una forma de mantener viva la esperanza en la recuperación democrática y social de su nación, de influir, por pequeña que sea su contribución, en el rumbo que tomará la tierra que dejaron atrás.
El principal obstáculo ha sido, históricamente, la restrictiva legislación y la escasa voluntad política para facilitar el proceso. La Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) y los sucesivos reglamentos del CNE han impuesto condiciones leoninas para el registro y la actualización de datos en el exterior. La necesidad de tener la residencia legal en el país donde se desea votar —y no solamente en el lugar de origen—, sumado a la crónica falta de habilitación de consulados o embajadas para estos trámites, ha dejado fuera a la gran mayoría de la diáspora. ¿Cómo puede una familia venezolana recién llegada a España, o con años de arraigo pero con permisos de residencia no permanentes, cumplir con requisitos tan exigentes? La realidad es que es casi imposible para la inmensa mayoría.
Esta situación no solo cercena un derecho fundamental, sino que también genera un profundo sentimiento de exclusión. Los venezolanos que hoy envían remesas, que sostienen a sus familias desde la lejanía, que contribuyen con su trabajo y talento a las economías de sus países de acogida, se sienten despojados de la capacidad de incidir en el destino de su propio país. Para muchos, es una paradoja cruel: su esfuerzo es vital para la supervivencia de quienes quedaron en Venezuela, pero su voz política es silenciada.
La exigencia de ampliar la red consular: una necesidad urgente
Una de las demandas clave de estas más de cien ONG es la ampliación y reactivación de la red consular venezolana en el mundo, un aspecto íntimamente ligado al registro electoral. La drástica reducción de consulados operativos y la precarización de los servicios en los existentes han convertido trámites tan básicos como la renovación de pasaportes o la inscripción de nacimientos en odiseas burocráticas y costosas. Si un venezolano en España no puede ni siquiera renovar su pasaporte con facilidad, ¿cómo se espera que pueda registrarse para votar?
La ampliación de la red consular permitiría no solo la apertura de puntos de registro electoral, sino también la resolución de un sinfín de problemas diarios que enfrentan los migrantes: documentos de identidad vencidos, necesidad de apostillas para estudios o trabajos, y la asistencia legal en situaciones de vulnerabilidad. Para un trabajador venezolano en cualquier ciudad europea, la falta de un pasaporte vigente puede significar la pérdida de un empleo o la imposibilidad de viajar, afectando directamente su bolsillo y su estabilidad.
¿Qué debe mirar ahora un venezolano en la diáspora?
Ante esta movilización, la primera acción para la comunidad venezolana en el exterior es mantenerse informada. VEN Noticias, entre otros medios de la diáspora, seguirá de cerca los avances y posibles respuestas de las autoridades venezolanas. Es crucial estar al tanto de cualquier comunicado del CNE, aunque las expectativas históricas no siempre han sido las más optimistas.
En segundo lugar, la presión ciudadana organizada es fundamental. Apoyar a las ONG que están liderando esta exigencia, participar en campañas de concientización y hacer visible el deseo de votar son formas de contribuir. Aunque el impacto individual pueda parecer pequeño, la suma de las voces es lo que ha impulsado esta nueva ola de demandas.
Finalmente, y no menos importante, está la documentación personal. A pesar de las dificultades, todo venezolano debería asegurarse de tener sus documentos de identidad al día, en la medida de lo posible. Si bien el registro electoral requiere más que solo un pasaporte vigente, tener la documentación en regla es siempre el primer paso para cualquier trámite, sea este electoral, migratorio o administrativo.
La diáspora venezolana es una fuerza vital, no solo económicamente, sino también como reservorio de esperanza y resiliencia. La exigencia de abrir el registro electoral no es solo un asunto de cifras o burocracia, sino una manifestación profunda del deseo de pertenencia y de la voluntad de construir, desde la distancia, el futuro de Venezuela. Lo que sucedió el 4 de septiembre es un recordatorio de que la voz de los migrantes, aunque a menudo silenciada, sigue viva y luchando por hacerse escuchar. Su impacto en la vida diaria es el constante anhelo de que sus esfuerzos, tanto económicos como políticos, no sean en vano.
